“La culpa es de la prensa”: Rubén Darío Buitrón
¿Entenderá el presidente Rafael Correa para qué sirve la prensa en una sociedad democrática? ¿Tendrá la sensibilidad, la apertura y la madurez para respetar las críticas, por más duras que fuesen? ¿Manejará con criterio pluralista y no excluyente los espacios informativos gubernamentales y las cadenas de radio y televisión?
La duda cabe: ninguno de los gobernantes que ha pasado por Carondelet ha entendido el papel que juegan los medios de comunicación en la sociedad.
Tampoco lo entienden los políticos en general: al realizar un balance nada autocrítico de su gestión los diputados salientes decidieron que el desprestigio y la baja reputación del Congreso era culpa de la prensa, no de su falta de sensibilidad con las demandas ciudadanas.
Es la historia de la prensa y el poder en el Ecuador. Si la prensa critica, investiga, denuncia o fiscaliza al régimen de turno, este suele responder con mecanismos coercitivos que van desde bloquear la publicidad estatal a los medios que le resultan incómodos hasta amenazar con clausurar periódicos o retirar las frecuencias a radiodifusoras o canales de televisión.
Quienes en el Ecuador ahora critican la intolerancia del presidente Hugo Chávez con su opositora Radio Caracas Televisión debieran verse en sus propios espejos: el gobierno de Osvaldo Hurtado asfixió económicamente a un diario quiteño, El Tiempo, y lo llevó a la quiebra. Bajo el régimen socialcristiano hubo decenas de periodistas amenazados, perseguidos y despedidos de sus empleos.
Rodrigo Borja tampoco soportó los excesos: en su mandato ordenó clausurar dos radiodifusoras. Sixto Durán Ballén no cerró ningún medio pero su relación con la prensa fue muy conflictiva: rechazaba y desacreditaba las constantes denuncias de corrupción contra funcionarios gubernamentales (incluido el propio mandatario), pero las revelaciones periodísticas fueron tan contundentes que el segundo mandatario, Alberto Dahik, acusado de manejo ilegal de dinero secreto, tuvo que huir a Costa Rica para evadir a la justicia.
Los tres jefes de estado expulsados del poder, dos de ellos prófugos, llegaron a niveles patéticos. Abdalá Bucaram, asesorado por Luis Eladio Proaño (hoy consultor de Alvaro Noboa), atacó con dureza a diario HOY y terminó culpándolo de precipitar su caída. Jamil Mahuad perdió el rumbo de su Titanic y en lugar de asumir las críticas optó por considerar enemigos a quienes desde los medios le pedían un cambio. Lucio Gutiérrez entró en directa confrontación con la prensa bajo el argumento de que lo tergiversaban. Sus allegados crearon una lista negra de periodistas, plantearon una ley mordaza contra los rumores y hubo ataques y disparos contra directivos de medios como Iván Toral, de El Tiempo de Cuenca.
Todos ellos, como sucederá con Correa, contaron con ministerios o secretarías de información y comunicación, pero tampoco entendieron (o no quisieron entender) el rol de esa estratégica área. Pensaron que la solución estaba en difundir sus mensajes vacíos de contenido mediante aburridas, monótonas e impostadas cadenas nacionales de televisión (que pocos soportan y nadie cree) y en que sus ministros o secretarios de información tengan “los contactos” para bajar al mínimo la cantidad de críticas de la prensa contra su gestión.
Como no entienden que el área requiere estrategas con capacidad política, periodística, propagandística, publicitaria y educomunicativa, al menor tropiezo cambian de funcionario sin cambiar lo de fondo: su equívoca manera de concebir la información gubernamental.
Si eso no ocurre, de todas formas es corta la vida del secretario.
No solo debe ocuparse de poner en marcha un monstruo de mil cabezas sino que funge de vocero del régimen, es decir, de todólogo: pone el pecho y recibe las balas de la opinión pública. Pero esta absurda duplicación de funciones será tema de un siguiente comentario.
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